Las alertas meteorológicas actuales responden a un cambio de paradigma profundo en la gestión de emergencias tras episodios históricos de inundaciones catastróficas (con un punto de inflexión en la DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024), donde el coste en vidas humanas obligó a priorizar la prevención absoluta frente a la normalidad de los episodios históricos. Sin embargo, este enfoque preventivo —basado en modelos de alta sensibilidad que buscan evitar cualquier escenario de riesgo imprevisto— genera un contraste evidente con la percepción tradicional del clima mediterráneo y la gestión cotidiana del otoño.
El pasado 9 de septiembre se paralizaron cinco comarcas de Barcelona y Tarragona, sin clases (al día siguiente del comienzo del curso escolar), cancelación de actividad sanitari no urgente, supensión de actividad judicial, sin bancos, y con restricciones de movilidad obligatoria entre las 7 y 17 hs. Y fue justo al contrario, pues hacia las 20,30 hs cayó un buen chaparrón que limpió las calles y la atmósfera y que devolvió algo de agua a una tierra que llevaba meses sin ver la lluvia…Ninguna incidencia y no es una anécdota. El otoño-invierno pasado se dieron tres situaciones similares en la Comunidad Valenciana, con similar resultado.
Analicemos tres puntos clave:
• El principio de precaución institucional. Los servicios de protección civil y las agencias meteorológicas operan hoy bajo un umbral de tolerancia al riesgo cercano a cero. Ante la incertidumbre de los modelos de predicción de precipitaciones intensas, se prefiere activar restricciones masivas (suspensión de clases, cierre de administraciones y recomendaciones de teletrabajo) a asumir la responsabilidad institucional y polítca de una tragedia posterior.
• La memoria histórica y la cultura del riesgo. Tradicionalmente, la sociedad mediterránea ha convivido con los episodios de gota fría y chubascos torrenciales otoñales integrándolos en la rutina diaria. La diferencia actual no es tanto la cantidad de lluvia, sino la urbanización intensiva, el sellado del suelo y el aumento de la vulnerabilidad en áreas de riesgo, lo que multiplica el impacto potencial de cualquier episodio extremo. Está claro que si construyes o aparcas en una rambla, tarde o temprano el agua seguirá su cauce… pero eso es falta de previsión.
• El dilema de la fatiga de alertas. La repetición de avisos rojos que finalizan en precipitaciones moderadas o normales alimenta el escepticismo ciudadano y provoca disfunciones logísticas considerables en la educación, la economía y la conciliación familiar. El riesgo real de este exceso de celo institucional es la pérdida de credibilidad y la desensibilización de la población, el dilema clásico del cuento de Pedro y el lobo aplicado a la seguridad pública.
Encontrar el equilibrio entre la protección eficaz de la ciudadanía ante fenómenos de alto impacto y la sostenibilidad de la actividad social y económica sigue siendo uno de los mayores retos técnicos y comunicativos para los gestores de emergencias actuales. Y ello nos lleva a tres consideraciones de interés:
1) El péndulo entre la seguridad y la libertad. Las políticas de restricción extrema suelen responder a una combinación de presión política, cobertura de responsabilidad jurídica y el temor a la reprobación social si el Estado no interviene. Cuando la prioridad absoluta se desplaza hacia la evitación del riesgo sanitario o meteorológico a cualquier precio, el coste recae inevitablemente sobre la autonomía individual, la economía y la salud mental colectiva. Ya vivismos en la pandemia en España una normas de confinamiento entre las más estrictas del mundo (prohibición de no salir a la calle, confinamiento total de los niños, paralización de la economía no esencial, control policial masivo), demostrado que sin resultados mejores en morbi-mortalidad que países donde no se aplicaron (y ahí están los datos de Eurostat y la Universidad de Oxford). No repitamos el error con las DANAS o lluvias torrenciales.
2) La tentación de la uniformidad y el control. A diferencia de los modelos descentralizados o basados en la responsabilidad individual que se observaron en ciertas naciones del norte de Europa durante crisis previas, la administración pública en España tiende históricamente a una respuesta de carácter centralizador y vertical. El cierre generalizado y las prohibiciones preventivas actúan como un cortafuegos político que busca blindar a las instituciones frente a posibles negligencias, aunque ello suponga tratar a la ciudadanía con un paternalismo asfixiante. Y la ciudadanía está empezando a cansarse de ser manipulado por decreto…
3) El agotamiento cívico y la erosión de la confianza. El verdadero peligro acumulativo de esta gobernanza basada en el miedo y la restricción preventiva es la fatiga social. Cuando las medidas excepcionales se convierten en el recurso estándar para cualquier contingencia, la población deja de percibir la norma como una protección solidaria y empieza a experimentarla como una intromisión molesta, fracturando la colaboración cívica que es imprescindible cuando verdaderamente se presenta una emergencia real.
El principal problema de que los políticos utilicen esta estrategia con las alertas meteorológicas es la pérdida de credibilidad institucional, lo que provoca que la población ignore los avisos reales y se ponga en peligro mortal cuando llega una catástrofe verdadera. Cuando las autoridades emiten alertas máximas de forma reiterada para fenómenos que terminan siendo menores, se genera un fenómeno psicológico y social con graves consecuencias.
Las consecuencias críticas de la sobrealerta son fatiga por alerta (ciudadanos y empresarios se acostumbran a los avisos de emergencia y dejan de tomarlos en serio), inacción ciudadana (las personas no evacúan, no resguardan sus bienes ni cancelan desplazamientos cuando el peligro sí es inminente), pérdidas económicas innecesarias (el cierre preventivo de comercios, colegios y transportes por falsas alarmas genera un alto coste económico que erosiona la paciencia pública), efecto bumerán político (al perder la confianza en los canales oficiales, los ciudadanos buscan información en fuentes no verificadas o bulos en redes sociales) y cuestionamiento de la ciencia (la población tiende a culpar erróneamente a los científicos y meteorólogos en lugar de comprender que la ciencia trabaja con modelos de probabilidad).
Y aquí surge el dilema de la gestión pública, pues se enfrentan a un equilibrio muy complejo conocido en la gestión de riesgos como el dilema del decisor:
• Si no alertan y ocurre una catástrofe, la negligencia cuesta vidas y destruye sus carreras políticas.
• Si alertan en exceso (por exceso de celo o "curarse en salud"), desgastan la eficacia del sistema de emergencias a largo plazo.
Esperemos llegar a un punto intermedio razonable… Ni tan so, ni tan arre. Porque si seguimos así, un día vendrá el lobo de verdad y nos comerá.
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